Crece un 112% el número de trabajadores cubiertos por convenio respecto a febrero de 2013

Hasta febrero de 2014 se han registrado 399 convenios con efectos económicos para el año en curso (91 nuevos), que afectan a 1.698.829 trabajadores de casi 150.000 empresas, con una subida salarial media del 0,60%.

Además, solo tienen cláusula de garantía salarial 54 convenios, el 13,53% del total, implantada en mayor medida en los convenios de ámbito superior a la empresa.

Estos datos están recogidos en el informe “Situación de la negociación colectiva en febrero de 2014” elaborado por la Unión General de Trabajadores, donde se refleja la atonía del consumo y de la demanda interna que evidencia una economía completamente paralizada debido, entre otras cuestiones, a la reducción de las rentas de las familias, de los pensionistas y de los trabajadores.

La remuneración de los asalariados cayó en 2013 un 3,5% respecto al año anterior, mientras los excedentes empresariales han crecido un 1,3%, lo que refleja el reparto absolutamente desequilibrado de los ajustes contra la crisis, fundamentados en recortes de prestaciones y servicios públicos fundamentales y de una reforma laboral cuyos únicos objetivos han sido recortar los derechos de los trabajadores y facilitar una devaluación salarial profunda.

Pese a ello, la caída que ha venido experimentando el número de convenios durante la crisis, y que se vio especialmente acelerada por la reforma, ha iniciado el año 2014 con una recuperación, ya que en febrero de este año se han registrado un 116,85% más de convenios que en febrero de 2013. Además, el número de trabajadores cubiertos por convenio también han aumentado respecto a años anteriores, creciendo un 112% entre 2013 y 2014, lo que parece suponer un cambio de tendencia respecto a años anteriores.

Todo ello gracias a la negociación colectiva, fundamentada en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 firmado por los interlocutores sociales en enero de 2012, que pese a estar muy debilitado por la reforma laboral, está siendo el único instrumento para suavizar el empobrecimiento de los trabajadores.

En este sentido, este acuerdo ha permitido desbloquear la negociación de los convenios que quedaron paralizados ante la expectativa de la pérdida de su vigencia a partir del 8 de julio de 2013, de modo que el 2014 empieza con más acuerdos negociados, pero la recuperación aún es lenta e incompleta.

Para La Unión, es necesario apostar por el trabajo y por los trabajadores, potenciando los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, para lo cual hay que revertir la reforma laboral y establecer políticas de potenciación de las rentas de los ciudadanos.

El fin de la crisis requiere unas bases económicas sólidas, por lo que el sindicato demanda dinamizar el consumo y la demanda interna mediante el crecimiento de los salarios, tanto nominalmente como en términos reales. Solo a través del fortalecimiento del trabajo y los salarios y de los sistemas de protección social se conseguirá impulsar la reactivación económica y la creación de empleo y podremos salir del pozo del estancamiento económico en el que nos encontramos.

Ningún ciudadano debe quedar sin protección social pública

El principal damnificado de las políticas de recortes y contrarreformas aprobadas por el Gobierno, con la complicidad de las instituciones financieras nacionales e internacionales y de las autoridades comunitarias, ha sido el empleo. Un elevado número de trabajadores han perdido su trabajo y se han degradado las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los ocupados lo que ha creado una espiral imparable hacia el subempleo, la precariedad, la devaluación salarial y la pobreza. Por eso, ante el progresivo aumento de la desigualdad social y la marginalidad, y que muchos ciudadanos carezcan de recursos para atender sus necesidades básicas y las de sus familias, la Unión General de Trabajadores considera necesario actuar con urgencia en tres direcciones: tomando medidas para el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, ampliando la protección por desempleo y reforzando el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.

De acuerdo a las últimas estadísticas europeas, España es el país, junto a Grecia, en el que más ha crecido la pobreza relativa, sobresaliendo en dos tramos de edad: el de menores de 18 años, con una tasa de prácticamente el 30% -sólo sobrepasada por Rumanía- y el de la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) con el 22,4% -sólo sobrepasada por Grecia-.

Esto muestra la insuficiencia de las prestaciones sociales especialmente las prestaciones dirigidas a compensar la pérdida de empleo y las dirigidas a las familias para proteger a los hijos a cargo pero también pone de manifiesto el frágil sistema de protección social ofrecido a través de los servicios sociales.

De las muchas anomalías que presenta nuestro sistema de servicios sociales en general y a las rentas mínimas en particular, los problemas más graves son las desigualdades territoriales y la ineficacia protectora de estas rentas en las CCAA cuyas condiciones de acceso se han venido restringiendo en los últimos años.

Según el Informe de rentas Mínimas de Inserción de 2012, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la práctica totalidad de las CCAA se aprecia una congelación de las cuantías mínimas y máximas además de un incremento de beneficiarios del 90% de 2008 a 2012, sin embargo la tasa de cobertura en la totalidad del Estado es del 4,60%

En estas circunstancias, UGT considera necesario actuar con urgencia en tres direcciones: tomando medidas para el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, ampliando la protección por desempleo y el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.

1.- Mantenimiento del empleo y mejora de las condiciones de trabajo.

El sindicato ha puesto el empleo como principal objetivo de las políticas y propuestas incluidas en el documento aprobado con la Comisión Ejecutiva Confederal con el título “Hacia un nuevo modelo económico y social en España: mejor economía, más y mejor empleo, más calidad de vida”.

En este documento, el sindicato subraya la necesidad urgente de potenciar y reformar las políticas activas de empleo, de reforzar de forma coyuntural las prestaciones por desempleo –actualmente en caída libre ya que tan sólo 6 de cada 10 parados registrados tienen protección por desempleo- para aumentar su grado de protección tanto a nivel contributivo como asistencial y recuperar el nivel de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Para disminuir las elevadas tasas de paro, es imprescindible, aprobar un verdadero “plan de empleo de choque” que implique también a las autoridades comunitarias, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo, especialmente, de los colectivos en peores condiciones como los parados de larga duración, los jóvenes o los trabajadores sin formación.

2.-Ampliación de la protección por desempleo.

Atendiendo a la realidad del elevado nivel de desempleo en nuestro país, la Unión General de Trabajadores considera necesario redefinir y ampliar la protección por desempleo actual.

En este sentido, el sindicato plantea, entre otras cosas, la simplificación del sistema de protección mediante la integración de las distintas modalidades en una única y básica prestación por desempleo - reduciendo así las dificultades de gestión y organización administrativa y facilitando la aplicación del derecho-, la necesidad de garantizar la suficiencia de las prestaciones –incrementando la cuantía de la percepción- y vincular la extensión de la protección por desempleo a la duración de la situación de necesidad.

3.- Mejorar el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.

La crisis y las políticas aplicadas han dañado gravemente el Estado de Bienestar y el resultado es un fuerte aumento de las desigualdades, los niveles de pobreza y la desprotección frente a situaciones de necesidad como enfermedades, pérdida de empleo o pérdida de recursos.

La corrección de estas situaciones es una prioridad para el sindicato, que apuesta por promover la revitalización de la intervención pública en la cobertura y prestación de servicios y garantías esenciales porque ningún ciudadano debe quedar sin protección social pública pero con las tasas de cobertura actuales, nos encontramos que colectivos con más necesidades, como son las personas que han agotado todas sus prestaciones, y con todos los miembros del hogar el paro, se quedan sin ningún tipo de prestación o ayuda para seguir subsistiendo.

Por eso, el sindicato propone un fortalecimiento de los sistemas básicos de protección social (prestaciones por desempleo, dependencia, asistencia social) y la promoción de un derecho subjetivo a la percepción de una renta mínima como medio de sostener los ingresos ante situaciones de necesidad de quienes se ven excluidos involuntariamente del mercado laboral y para corregir las graves desigualdades y el empobrecimiento creciente de las personas.

Para UGT el progreso económico y social, el desarrollo del Estado Social y democrático de Derecho, y la virtualidad del Estado de Bienestar, pasan, necesariamente por la creación y apuesta por un empleo de calidad y con derechos y por ello el sindicato exige un sistema legal que proteja suficientemente a los ciudadanos ante las situaciones de necesidad provocadas por la pérdida del empleo. Sin trabajo se impide el libre desarrollo personal y social y se ponen obstáculos a la cohesión económica y social y al reparto justo de la renta. Su defensa y promoción, y la garantía de recursos en cao de desempleo, deben ser, por tanto, la primera línea defensiva que desarrollar y el objetivo esencial que promover por el sindicato.

El 37% de los jóvenes con contrato a tiempo parcial quisiera trabajar a tiempo completo

Tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno, el empleo precario gana terreno. La juventud tiene ahora menos empleo (1.064.970 menos en los menores de 35 años desde 2011) y empleos cada vez más precarios (con menos derechos y menor participación en el diálogo social, menor acceso a la sanidad o la educación pública, menos protección social y peor situación a la hora de acceder a las pensiones en un futuro). Frente a esta complicada situación, UGT considera fundamental desarrollar un plan de choque para el empleo dirigido especialmente a jóvenes y parados de larga duración, un plan de apoyo a la industria, - sector que ha perdido el 21% de su mano de obra desde 2008-, otro plan de apoyo para la I+D+i e inversión pública, una dotación presupuestaria suficiente para que el mayor número de estudiantes tengan acceso a becas - con criterios realistas de selección- y que se cumpla con las exigencias de la UE y no se pongan más trabas a los jóvenes que quieren forjarse un futuro.

Todas las medidas impulsadas por el Gobierno para facilitar, supuestamente, el acceso al empleo, están basadas en la precariedad laboral, provocando, según el Boletín del Departamento de Juventud de UGT “Precariedad popular” entre otras cosas:

• Una elevada destrucción de empleo entre los jóvenes. La tasa de paro de los menores de 35 años asciende al 47% y además, los menores de 35 años cobran 2,4 veces menos que el resto de los trabajadores.

El salario medio anual de la juventud es de 10.445,70 euros (746,12 euros mensuales) y las mujeres jóvenes cobran un 18,70% menos que los hombres, lo que supone 1.953,52 euros de diferencia. Una situación que les impide alcanzar una autonomía económica real y retrasa su emancipación, elemento desencadenante de exclusión.

• La falta de oportunidades de empleo ha hecho que un número cada vez más elevado de jóvenes se hayan marchado de nuestro país dando lugar a un descenso paulatino de la población activa.

• El empleo precario gana terreno con más jornadas parciales y contratos temporales. De hecho, España ocupa el primer lugar en el ranking de la OCDE de temporalidad, con un 62,4% de empleos temporales sobre el total de jóvenes asalariados.

Más del 44,36% de los contratos destinados a jóvenes son temporales. Además, para los menores de 35 años, la jornada completa se ha reducido en un 78,7% mientras que la jornada a tiempo parcial ha aumentado en un 13,5%, debido a que en esta reforma fomenta el contrato a tiempo parcial.

A un 37% de los jóvenes con jornada parcial, les gustaría aumentar sus horas de trabajo, principalmente en el grupo de edad de 25 a 34 años, de manera que este tipo de contratación no es la solución para los jóvenes.

Frente a esta complicada situación, UGT considera fundamental desarrollar un plan de choque para el empleo dirigido especialmente a jóvenes y parados de larga duración, un plan de apoyo a la industria, - sector que ha perdido el 21% de su mano de obra desde 2008-, otro plan de apoyo para la I+D+i e inversión pública, una dotación presupuestaria suficiente para que el mayor número de estudiantes tengan acceso a becas - con criterios realistas de selección- y que se cumpla con las exigencias de la UE y no se pongan más trabas a los jóvenes que quieren forjarse un futuro.

UGT presenta su propuesta de reforma fiscal para erradicar el fraude, aumentar los ingresos y eliminar la desigualdad tributaria

UGT ha presentado en el día de hoy sus propuestas para la reforma fiscal, que forman parte de las alternativas del sindicato para caminar hacia un nuevo modelo económico y social en España.

Una propuesta “bastante completa, que analiza las figuras tributarias actuales y que busca superar alguno de los grandes problemas que tiene el sistema en la actualidad”, según el Secretario General de la organización, Cándido Méndez, que ha intervenido en la presentación junto al Secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer.

En este sentido, Cándido Méndez ha manifestado los tres consensos sobre los que se vertebra la propuesta, “la erradicación del fraude, mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos y eliminar la desigualdad en la carga tributaria que existe en la actualidad”.

“La erradicación del fraude debe ser una prioridad absoluta para nuestro sistema fiscal. Para ello es necesario mejorar el funcionamiento de la Agencia Tributaria. En España hay 26.000 efectivos de esta agencia, mientras que en Alemania hay 4 veces más (112.000). Por lo tanto, resulta imprescindible mejorar la dotación y aumentar competencias para mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude”.

Además, “existe una insuficiencia de ingresos en nuestro sistema, con una diferencia de 90.000 millones de euros con la Unión Europea. Por ello, hemos hecho una estimación según la cual pensamos que se puede aumentar la recaudación y en dos años reducir esa diferencia a la mitad, ingresando 45.000 millones de euros en nuestro sistema”, ha considerado.

“Esto tiene que salir del aumento de la recaudación, de una mayor eficacia de la Agencia Tributaria, de la reforma del Impuesto de Sociedades, de superar la diferencia entre el IRPF de los asalariados y los que tributan por actividades económicas y de acercar el impuesto medioambiental a los valores de la UE, ya que actualmente en nuestro país está en el 1,6% y la media de la eurozona es el 5%”.

El 54,4% de la población activa española no dispone de ningún reconocimiento de competencias profesionales 

UGT considera insuficiente el desarrollo del Real Decreto 1224/2009, por el que se realiza el Reconocimiento de Competencias Profesionales, fundamentalmente, teniendo en cuenta que según la EPA de 2013, el 54,4% de la población activa española, - 12.375.900 trabajadores-, no disponen de ningún reconocimiento de competencias profesionales a pesar de que desempeñan o han desempeñado una actividad profesional. Para el sindicato es necesario aumentar de manera sustancial las previsiones presupuestarias destinadas al reconocimiento de las competencias adquiridas y aumentar el número de convocatorias para cumplir con las recomendaciones europeas para 2020.

Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), entre 2010 y 2013 se han realizado convocatorias del procedimiento para el Reconocimiento de Competencias Profesionales adquiridas por experiencia laboral para un total de 64.083 candidatos en todo el país.

Estos resultados suponen una convocatoria media de 16.000 plazas anuales, aunque existen grandes diferencias en la oferta de las distintas Comunidades Autónomas, algo que depende no tanto del tamaño de la Comunidad como de la voluntad política de la misma ya que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no ha realizado ninguna convocatoria en cuatro años.

UGT considera insuficiente el desarrollo del Real Decreto 1224/2009, teniendo en cuenta que según la EPA 2013, el 54,4% de la población activa española, es decir 12.375.900 trabajadores, no disponen de ningún reconocimiento de competencias profesionales a pesar de que desempeñan o han desempeñado una actividad profesional.

El sindicato señala que esta situación no puede mantenerse si queremos que los niveles de cualificación de España se ajusten a las recomendaciones del Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP) para 2020, en las que se requieren cualificaciones de nivel superior del 50%, de nivel medio del 50%, y de nivel bajo del 15%. Algo que supondría aumentar las cualificaciones de nivel medio del 23% al 50%, y reducir las de nivel bajo del 42% al 15%.

Por ello es necesario un aumento sustancial de las previsiones presupuestarias destinadas al reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia profesional para ofrecer en 2014 al menos a 100.000 trabajadores la posibilidad de obtener una primera evaluación y reconocimiento del estado actual de sus competencias profesionales, algo que sería un punto de partida para continuar su progreso profesional a través de la formación, completando un Título de Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad.

Además, UGT propone una modificación del procedimiento de acreditación para permitir un acceso abierto de los candidatos sin estar condicionados por convocatorias específicas. Para ello es fundamental crear equipos permanentes de asesores y evaluadores con sede en Centros Públicos de Formación Profesional, Centros de Educación de Personas Adultas o Centros Acreditados por los Servicios de Empleo, a los que puedan dirigirse los candidatos en cualquier momento.

Es imprescindible un crecimiento real de los salarios para dinamizar el consumo y la demanda interna

Los datos de IPC reflejan el profundo estancamiento de la economía, agravado por las políticas del Gobierno

Hay que potenciar el empleo a través de un plan industrial, la reforma energética y los servicios públicos esenciales

Cimentar un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible